Su entrada en vigor provocó que los seis jueces instructores de la Audiencia Nacional archivaran la docena de causas que mantienen abiertas bajo este principio, una vez que comprueben que se cumplen los requisitos del nuevo artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según informaron fuentes jurídicas.
El PSOE reformó el principio de la justicia universal en 2009 para establecer la necesidad de que los delitos tuvieran conexidad con España. En la reforma, el Partido Popular ha reformado nuevamente el artículo 23.4 y tanto uno como otro partido han sido acusados de acometer estas modificaciones legislativas por presiones de potencias extranjeras.
Ayer, 11 días después de la elección interna, el Partido Nacional dio la primera señal concreta sobre la conformación de la fórmula presidencial y fue para anunciar directamente que el candidato único esa fuerza política, Luis Lacalle Pou, irá hoy a pedirle formalmente a Jorge Larrañaga que acepte acompañarlo como vicepresidente.
Sin embargo, con el pedido expreso del candidato, que incluso irá hoy sin ningún acompañante a la reunión, Larrañaga termina de recibir una posición unánime de los dirigentes del Partido Nacional.
Entre Drassanes y la dirección oficialista ya ha habido sus más y sus menos. En pleno proceso electoral interno, el colectivo fue acusado de “prácticas que impiden que el proceso electoral transcurra con la serenidad necesaria y garantice la igualdad de oportunidades a todos y todas las candidatas al Secretariado Nacional de la ANC”. Para Drassanes, estas acusaciones “no tienen ningún fundamento y no responden en absoluto a la realidad”.
El PSOE ya había anunciado que presentaría un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de justicia universal, que entró en vigor el pasado mes de marzo tras su publicación en el BOE, y que establece limitaciones para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras.