La compañía de Zuckerberg, que se estrenó en Wall Street en 2012, tiene un valor en Bolsa de 172.886 millones de dólares (125.895 millones de euros) y en 2013 disparó su beneficio por encima de los 1.000 millones de euros. Aun así, los analistas miran con lupa cada uno de sus balances, y se preguntan si la red social será capaz de generar ingresos sostenibles. Ante ese continuo escrutinio, no es la primera vez que Facebook recurre a la competencia para crecer: En 2012 ya compró otra aplicación estrella, Instagram, por 1.000 millones de dólares.
El otro argumento que esgrime el PP y los contrarios a la jurisdicción universal es que para estos delitos gravísimos ya están los tribunales internacionales. Sin embargo, la responsabilidad de perseguir esos crímenes es de los Estados, y la Corte Penal Internacional es un complemento, no al revés. China y Estados Unidos, por ejemplo, no reconocen a ese tribunal internacional y no se someten a él. Para reparar a las víctimas quedan entonces los Estados. Pero hay países persuasivos, como China, y países que no quieren problemas, como España. Hasta ahora, España ha sido “un referente para toda América Latina a raíz del caso Pinochet. Se convirtió en un faro de esperanza”, explica Jovtis. De algún modo, España sembró en los jueces la posibilidad de perseguir esos delitos, y ahora, tantos años después, “una jueza argentina fundamenta su jurisdicción para investigar los crímenes del franquismo, entre otros argumentos, en la jurisprudencia española”.
Cada Estado decide si incorpora la jurisdicción universal a sus leyes, y lo hace en función de “sus valores y de su papel en el mundo”, precisa Antonio Remiro, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid. “En 1985, la jurisdicción universal era buena para aplicársela a los tiranos africanos, pero cuando los criminales son socios comerciales, países amigos o inversores, cambian los valores. Los populares podrían reconocer esa hipocresía, podrían decir, ‘no somos Juana de Arco, no nos jugamos nuestras inversiones por los tibetanos”, opina Remiro. En vez de a la heroína francesa, el PP ha recurrido a Cervantes para calificar la jurisdicción universal. “Quijotesca” la ha llamado el diputado popular José Miguel Castillo.
El genocida, el autor de delitos contra la humanidad o el criminal de guerra en cualquier parte del mundo puede tener, dentro de unos meses en España, un país en el que ningún juez le molestará. Sin el apoyo de ningún otro partido, el PP en el Congreso pretende dinamitar la capacidad de los tribunales españoles para ejercer la jurisdicción universal. Es una noticia interesante para gente como Bachar el Asad, por ejemplo. Si fuera derrocado en Siria y despojado de todo cargo, podría venir aquí de vacaciones tranquilamente. Si la futura ley se formula igual que la propuesta, solo podría ser procesado en España si otro país —pongamos Francia, que quiere copiar la aún vigente jurisdicción universal española— reclamara su extradición y España se la negara. Las víctimas son las principales perjudicadas, pero también se resiente la cacareada Marca España, al dejar el país de ser el modelo internacional en la lucha contra la impunidad que había forjado desde los noventa.
Holanda. En enero, arrestó al ruandés Jean Baptiste M., sospechoso de genocidio en su país en 1994. Fue secretario general de la Coalición parala Defensa de la República de Ruanda, un partido de extrema derecha hutu.
El artculo ha suscitado numerosos comentarios de lectores. Los estadounidenses, en tono bromista, instan a dejar que Espaa disfrute de su modo de vida, mientras que los espaoles critican los “tpicos” del artculo. “He trabajado en Madrid durante 30 aos y nunca he hecho la siesta”, apunta una lectora desde la capital de Espaa. “No hay otra cosa de la que hablar de Espaa que de la siesta. Tengo 54 aos y nunca he hecho la siesta, ni llevo vestidos de flamenca y nunca he bailado sevillanas. Basta de publicar tpicos”, reclama otra lectora de Madrid. Otro lector, desde Barcelona, explica que el problema “no es la cultura de la siesta”, sino los horarios hasta las 20.00 horas que las compaas imponen a sus trabajadores.