Hace apenas una semana, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, admitía en una entrevista en RNE que cerrará Telemadrid si el Tribunal Supremo declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha sido recurrido por los trabajadores, aunque confiaba en que no ocurriera.
El Gobierno de Ramón Luis Valcárcel ha creado una concesión plurianual con un presupuesto de 15 millones de euros para cada ejercicio, cuando hasta 2010 la financiación media fue de 46 millones anuales, aunque en 2011 ya se había ajustado a un máximo de 30 millones.
La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) posee dos canales de televisión (Canal Sur y Canal Sur 2) y también emite una señal por satélite (Andalucía Televisión), además de contar con Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio.
Un estudio de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) indica que en los últimos años los ingresos de estas cadenas “se han visto especialmente mermados por efecto de la fragmentación de la audiencia, debida a la aparición de nuevos operadores impulsados por la transición a la TDT”, lo que se une a los efectos de las crisis, que afecta en gran parte a la inversión publicitaria.
En 2013, su presupuesto ha sido de 84,51 millones de euros y el Gobierno regional ha aportado 70,97 millones. Tras reducir la asignación presupuestaria se llevó a cabo un Expediente de Regulación de Empleo que afectó a 829 trabajadores de una plantilla de 1.170 personas, unos despidos que se hicieron efectivos el pasado enero.
Esta misma receta ha querido aplicarla el PP a la televisión pública de las Islas Baleares, IB3, al aprobar el Gobierno de Bauzá una ley que abre la puerta a la entrada de capital privado, precisando que siempre sería dentro de los parámetros de una televisión pública, puesto que el gobierno insular considera la actividad audiovisual “un sector estratégico para Baleares”.