Las informaciones no fueron del todo veraces en algunos casos, porque se habló de datos ocultos, detalles de bonificaciones que no figuraban, en otras denuncias, pero aún así esto sirvió para develar varias situaciones irregulares, como la del imputado Víctor Bogado y su supuesta niñera que cobraba en Diputados y en la Itaipú.
La reacción ciudadana se dio con una intensidad tal que además de las manifestaciones que se iniciaron el 15 de este mes, locales comerciales y empresas se sumaron al escrache público a los legisladores.
Y es que, según apuntan los investigadores, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos -en virtud de los convenios que éste suscribió con las Administraciones Públicas- no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible conocimiento del origen delictivo de los fondos por parte de la Infanta.
Las Cámaras del Congreso, así como los demás entes públicos, se vieron obligadas a publicar sus listas de funcionarios con sus salarios y detalles de si son permanentes, contratados o comisionados.
El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Balears ha entregado al juez instructor del caso Nóos, José Castro, su último informe en torno a los gastos particulares en que incurrieron la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin a través de la empresa de la que ambos son propietarios al 50 por ciento: Aizoon, según han informado fuentes de la investigación.
Finalmente refirió que pensó mucho sobre el tema, y al verle
todos los días a su madre preocupada por este hecho, decidió pedir a sus
colegas que le despojen de su desafuero. “Me dije: ¿por qué cargar
con tantas cruces por tan poca cosa?”, aseveró.