ultuma noticia

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«No dejamos de sorprendernos», ha admitido la ministra, para quien es una «buena noticia» que se exijan responsabilidades y que actúen las instituciones y los tribunales de justicia. Pero ha añadido estos son «casos puntuales» y que «es el momento de poner en valor a esa muchísima gente» que trabaja por el interés general con honradez.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha defendido que exista «tolerancia cero» con la corrupción y el fraude y que se diriman las responsabilidades, que «la Justicia ponga a cada uno en su sitio», pero ha aprovechado también para defender la «honestidad» y el servicio «con vocación pública» de muchos políticos.

Sedes de medios relacionados con Hamás, como la televisión de Al Aqsa o las oficinas de sus agencias de noticias, fueron también derribadas, así como varias mezquitas. Al mismo tiempo, la corporación eléctrica informó de que alrededor del 90 por ciento de la población, unos 1.8 millones de personas que viven en la franja, permanecen sin electricidad desde medianoche, después de que los aviones de guerra israelíes alcanzaran los tanques de combustible de la única planta del enclave.

Griesa sentenció a Argentina a pagar a los demandantes a la vez que cobren los otros acreedores que aceptaron bonos reestructurados en canjes de 2005 y 2010, vencimiento cuyo plazo de gracia termina este miércoles a última hora.

El portavoz del Ministerio de Sanidad, Ashraf Al Qedra, explicó en un comunicado que los ataques por tierra, mar y aire se han recrudecido durante la jornada, y han causado la muerte de 100 personas y herido al menos a otras 500. “Desde el inicio de la operación israelí sobre Gaza, al menos 1.230 palestinos han muerto y 6.700 han resultado heridos, dos terceras partes de ellos civiles, incluidos mujeres y niños”, ha afirmado el portavoz palestino.

Funcionarios del gobierno argentino se reunirán este martes con el mediador judicial designado por el juez de Nueva York Thomas Griesa para encontrar una vía de cumplimiento a la sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de dólares a fondos especulativos por bonos de la deuda.

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